El Gobierno de Ecuador traslada a los líderes de las bandas criminales que protagonizaron la matanza en la cárcel de Bellavista, y en donde murieron al menos 44 reclusos, a prisiones de máxima seguridad.
Según informaciones del ministerio del Interior, el sanguinario motín se desató por rencillas entre las bandas "Los Lobos" y "los R7". Y que este está relacionado con la anterior matanza sucedida el 3 de abril en la cárcel de la ciudad de Cuenca.
Todo apunta que la llegada de Freddy Anchundia -uno de los cabecillas de los R7- a Bellavista, fue el detonante de la masacre de este lunes. Al recluso se le señala como el causante de las muertes en Cuenca. Por lo que Los Lobos decidieron tomar venganza.
Entre tanto, las autoridades ecuatorianas aseguran haber retomado el control d el centro penintenciario de Bellavista e informaron que han recapturado 200 reclusos de los 220 que se fugaron de Bellavista durante el motín. Piden a la ciudadanía colaborar con los agentes de seguridad en la localización de los prófugos.
Hasta el momento, faltan dos cuerpos por identificar de los 44 presos asesinados. Asimismo, más de una docena de reclusos se encuentran en el hospital, muchos en estado grave. Los familiares de los reclusos suplican por respuestas algunos frente a la morgue y otros frente a la prisión.
Las autoridades no desestiman que esta última matanza reactive la violencia en otras cárceles del país.
Un sistema carcelario colapsado
La cárcel de Bellavista, ubicada en Santo Domingo de los Tsáchilas, tiene capacidad para unos 916 reos. Pero desde finales de abril sobrepasaba los 1 600, lo que supone una sobrepoblación del 76 %, según los datos del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI).
Esta situación no ha pasado inadvertida para la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien este martes apuntó al Estado como responsable de las muertes por ser personas bajo su custodia y exigió investigar los hechos y reformar el sistema de Justicia y el penitenciario.
De acuerdo con el director del SNAI, actualmente hay 33 000 presos en los 36 centros que tiene Ecuador, cuya capacidad total es para poco más de 30 000.
Para solucionar la crisis carcelaria, el Gobierno busca contratar a 1 400 nuevos agentes penitenciarios, conceder alrededor de 5 000 indultos a presos condenados por delitos menores e implementar la primera política del país de derechos humanos hacia la población penitenciaria.
La extrema violencia carcelaria en Ecuador se ha cobrado la vida de más de 400 reclusos desde 2020, 63 de ellos solo en este 2022.